Mucho revuelo ha causado este proyecto de Ley, cuyas características y ventajas pasamos a analizar. Su principal propósito es proteger el acceso a los datos privados de las personas, y el aumentar el acceso al crédito, sobre la base de cuatro pilares:1. Se perfeccionan los derechos de los titulares de los datos relacionados con las obligaciones económicas. Es decir, somos los ciudadanos quienes decidiremos cuando y a quien dar a conocer esta información, la que hoy circula libremente sin que tengamos manera de controlar quien la ve, y para qué fines. Tendremos derecho a ser informados acerca del contenido de los datos, a quien están destinados y para que propósito. Además, y esto es especialmente relevante, si nuestro historial ha sido utilizado para tomar una decisión adversa o favorable en materia de créditos.
2. Instaura el concepto de buena reputación como garantía para obtener más y mejores créditos. Esto es posible gracias a que se informaran las conductas positivas de pago, aumentando el acceso de la población de menores ingresos al financiamiento.
3. Se establecen criterios para distinguir los distintos tipos de deuda morosa, haciendo distinción entre morosidad por una vez o morosidad recurrente.
4. Como es de toda lógica, se deben instaurar los mecanismos de control, controlar la calidad de la información, y una instancia administrativa en que los ciudadanos podamos hacer efectivos estos nuevos derechos. Es decir, un sistema gratuito y sobretodo, expedito, para corregir los errores. Hoy no existe donde presentar estos reclamos.
Un proyecto que nos pondrá a la altura de los países desarrollados en materia de crédito, y sobre todo, que presagia una democratización del acceso al crédito.
No hay comentarios:
Publicar un comentario